Viernes, Julio 21, 2017 - 13:37

Pide Ericel Gómez castigar fraudes de cajas de ahorro

Oaxaca, Oax.- El senador Ericel Gómez Nucamendi presentó una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para que el daño patrimonial a los socios de Cajas de Ahorro se castigue con la misma severidad que marca el delito de fraude establecido en el Código Penal Federal, pues se atenta contra el patrimonio de ahorradores.

En aras de salvaguardar un bien jurídico mayor, proponemos que se castigue con severidad y de manera gradual en función del monto de lo defraudado, en la lógica de que son distintas las cantidades que tienen depositadas los ahorradores, expuso ante el Senado.

El legislador por Oaxaca y del Movimiento Progresista explicó desde la tribuna más alta del país la realidad de más de 40 mil oaxaqueños defraudados, quienes exigen respuesta rápida de las autoridades y de los representantes populares para trabajar en la adecuación de un marco normativo que impida la operación de cajas de ahorro que no cumplan con los requisitos legales, así como de la recuperación de los recursos y el castigo justo, a quienes de forma fraudulenta, les arrebataron sus ahorros.

"Tan sólo en el estado de Oaxaca, el fraude en las cajas de ahorro asciende a más de 4 mil millones de pesos y afecta a más de 40 mil personas. Asimismo, en otras entidades federativas, un número importante de ciudadanos también han sido defraudados sin que hasta el momento puedan recuperar sus ahorros.

En su discurso, Gómez Nucamendi planteó la equiparación de este tipo de conductas al delito de fraude establecido en el artículo 388 del Código Penal Federal

Luego de referenciar el surgimiento de las cajas de ahorro, desde 1991 como sociedades de ahorro y préstamo, señaló con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) que la mayor parte de los problemas de estas figuras financieras se centra en las que operan de manera irregular o al margen de la Ley. "De las 850 entidades, sociales y privadas, que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el resto está en proceso o carecen de registro", asentó.

De este universo -ilustró--, 598 operan como cajas populares, pero solamente 59 están autorizadas; 207 están en proceso y 332 sólo cuentan con el registro. Las deficiencias en la legislación, inspección y vigilancia existente en el sector por parte de las autoridades, son aprovechadas para crear negocios particulares que captan recursos de forma irregular, engañando y defraudando a los ahorradores; se estima que alrededor de 194 cajas de ahorro operan en el país al margen de la ley.

Gómez Nucamendi denunció que este tipo de instituciones ofrecen tasas de interés superiores a las que otorga el mercado y resultan altamente atractivas para los ahorradores, quienes en su mayoría poseen pequeños capitales, y con la esperanza de obtener mayor rentabilidad los invierten, sin prever que pueden ser víctimas de una simulación de los dueños o directivos, que de manera alevosa se dedican a captar recursos para después huir.

Sostuvo además que este tipo de cajas de ahorro, carentes de registro, se expanden sin control y desaparecen en perjuicio de los ahorradores, por lo que la persecución de los defraudadores se hace casi imposible, "no sólo por la debilidad de los sistemas policíacos y de procuración de justicia estatales, sino también, por la posible existencia de tráfico de influencias con las autoridades locales, al grado que la persecución legal se diluye".

Fue entonces cuando justificó la iniciativa, que somete a la consideración del Senado, la cual recoge la preocupación que existe en un amplio sector de la población que se ha visto afectado por aquellas personas que, abusando de sus funciones de dirección o administración de una caja de ahorro o sociedad financiera, perjudican patrimonialmente a los ahorradores.

En su exposición propuso sancionar aquellas conductas cometidas ya sea por el dueño, directivo, socio, mandatario con facultades de dominio o de administración, administrador, gerente o responsable de Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Cajas de Ahorro Popular o de cualquier figura análoga, sea legal o fáctica en que se haya constituido, que atenten contra el derecho de las personas de acceder a sus ahorros.

De igual manera, finalizó, se propone en la iniciativa que el delito quede consumado al momento en que se niegue a los ahorradores la devolución de las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas; asimismo, se procederá cuando el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre cerrado o clausurado.

 

Relacionado