Domingo, Junio 25, 2017 - 05:22

Analizan gobierno y triquis solución al conflicto de Copala

Los gobiernos estatal y federal, así como los beneficiarios de las medidas cautelares MC 197-10 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 135 pobladores de San Juan Copala, analizan la solución al conflicto que mantiene en el exilio a 700 personas.

En entrevista, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" (Barca), Nora Martínez Lázaro, informó que este miércoles se llevó a cabo el primer encuentro entre las autoridades locales, la Secretaría de Gobernación (Segob) y los simpatizantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Abundó que los representantes de la localidad demandaron nuevamente que se garantice la seguridad para llevar a cabo un retorno masivo a su población de origen.

Y agregó que también plantearon la creación de una Comisión Integral de Verificación, la cual establezca los "pasos" para que se lleve a cabo el regreso de los desplazados, con la vigilancia de organismos internacionales de derechos humanos.

Sostuvo que por su parte, las autoridades estatales y federales propusieron el otorgamiento de recursos para emprender proyectos que permitan abatir la marginación y la pobreza en San Juan Copala.

Lo anterior, afirmó, a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).

Afirmó que los puntos planteados en el encuentro, serán valorados por los simpatizantes del MULTI y las autoridades, por lo que en la próxima reunión de implementación de medidas cautelares, explicó, se darán las respuestas entre ambas partes, para llegar a un acuerdo que permita el restablecimiento de la paz y el retorno.

Martínez Lázaro, sostuvo que es indispensable dar una solución rápida al conflicto que se agudizó desde noviembre de 2009 y que ha dejado a cientos de personas en las calles de Oaxaca, Huajuapan y el Distrito Federal, así como decenas de muertos.

La defensora de los derechos humanos refirió que a la primera reunión celebrada en noviembre, no se permitió el acceso a funcionarios del entonces gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, por considerar su falta de interés en la solución del conflicto, así como su participación para acrecentar el mismo.

Por lo que indicó, con el ingreso de la nueva administración se abre un camino que encause hacia buen término la problemática, al existir una coordinación entre los dos niveles de gobierno, los peticionarios y los beneficiarios.

El 7 de octubre de 2010, la CIDH emitió las medidas cautelares para resguardar la integridad física de 135 habitantes de San Juan Copala, y otorgó un plazo de 15 días al Estado Mexicano para actualizar la información. A casi 3 meses no se han implementado las recomendaciones

por FLOR HERNÁNDEZ

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